Señor Econ.
Rafael Correa
Encargado de la Presidencia de la República
La Coordinadora Libertaria ante usted comparecemos y decimos:
Antecedentes: El Socialismo es una doctrina e ideología que tiene como objetivo “mejorar las condiciones de los trabajadores”, sin embargo de que en su campaña electoral usted afirmó mejores días para los obreros, a través de la denominada progresividad de los derechos laborales, en la practica usted ha sido inconsecuente con sus discurso de campaña, así como su Asamblea Nacional Constituyente. En la Constitución anterior en los artículos 35 y 36 se reconocían a favor de los trabajadores entre otros derechos los siguientes:
- La irrenunciabilidad de los derechos del trabajador,
- El principio pro trabajador en caso de duda a favor del obrero.
- La inembargabilidad de la renumeración.
- El derecho a la organización de trabajadores.
- El derecho a huelga.
Empero en el proyecto de nueva constitución se derogan los beneficios arriba referidos del movimiento obrero, toda vez que estos han sido derogados tácitamente., para justificar nuestra afirmación trascribimos a continuación los artículos 35 y 36 de la constitución vigente y a continuación los artículos del proyecto de la nueva constitución.
Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales:
La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho social. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento.
Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda
estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante
autoridad administrativa o juez competente. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá
crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de conformidad con la ley. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del trabajo. Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho administrativo. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, tramitación y resolución de los conflictos. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta remuneraciones; la compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que representen los servicios de orden social.
Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. El trabajo del cónyuge o conviviente en el hogar, será tomado en consideración para compensarle equitativamente, en situaciones especiales en que aquél se encuentre en desventaja económica. Se reconocerá como labor productiva, el trabajo doméstico no remunerado.
Artículos del proyecto de la Nueva Constitución.
Art. 34.-El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Art. 35.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo.
Economista Rafael Correa encargado del poder una vez hecha la trascripción no escapará a su criterio, ni a la ilustre intuición cívica del pueblo ecuatoriano que ha faltado a la verdad y ha tomado el pelo al movimiento obrero con un discurso socialista que lo expresa de boca para afuera pero en la practica actúa de manera contraria.
PETICION
Por lo expuesto la Coordinadora Libertaria públicamente le demanda Economista que vote NO en el Referéndum y sea consecuente con las conquistas del movimiento obrero, al tiempo que exhorta al trabajador ecuatoriano a votar NO para no permitir que sus derechos sean derogados por los socialistas del Siglo XXI.
DR. PABLO GUERRERO MARTINEZ
VOCERO COORDINADORA LIBERTARIA
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